El presidente de la República, Bernardo Arévalo, presidió el 13 de noviembre el acto de presentación de la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035.
La actividad, que subraya el compromiso fundamental del Estado con la protección de la sociedad civil, contó con la participación de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, junto con los demás ministros de Estado y autoridades invitadas. Con su presencia, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) refrenda su apoyo a las iniciativas que promueven la justicia y la dignidad humana.
Un compromiso institucional en favor de la justicia
Esta política fue impulsada en honor a Florentín Gudiel, líder comunitario de Petén asesinado en 2004, en reconocimiento del papel esencial de quienes dedican su vida a defender los derechos de los guatemaltecos.
Makrina Gudiel, hija de Florentín Gudiel, agradeció al Gobierno por avanzar en la creación de esta política en favor de los defensores de derechos humanos.
La implementación será dirigida por el Ministerio de Gobernación (Mingob) y coordinada por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh). La política surge de un proceso participativo con instituciones del Estado, sociedad civil y cooperación internacional, en cumplimiento de compromisos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El objetivo es crear mecanismos de prevención de riesgos y amenazas, implementar un sistema integral de protección y fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia.
Respaldo del Gobierno a los defensores
El presidente Bernardo Arévalo expresó que este instrumento legal “brinda al Estado los mecanismos necesarios para proteger efectivamente a quienes defienden los derechos de las personas en todos los ámbitos de la vida”. Añadió que su gobierno retomó un proceso que estuvo detenido por más de cinco años, con el compromiso de resguardar a quienes continúan siendo objeto de agresiones y criminalización por su labor.
La presentación concluyó con la firma del Acuerdo Gubernativo por parte del presidente y la vicepresidenta Karin Herrera, reafirmando el compromiso del Estado con la defensa y protección de los derechos humanos en Guatemala.
